Hacia la restauración del poder de clase

Si hubo movimientos para restaurar el poder de clase dentro del capitalismo global, ¿cómo fueron implementados y por quién? La respuesta a esa pregunta en países como Chile y Argentina fue simple: un rápido, brutal golpe de estado, seguro de sí mismo, respaldado por las clases altas. y la subsiguiente feroz represión contra todas las solidaridades creadas dentro de los movimientos sociales sindicales y urbanos que habían amenazado tanto su poder. En otros sitios, como en Gran Bretaña y México en 1976, fue necesario el amable espoleo de un Fondo Monetario Internacional, que todavía no era un feroz neoliberal, para empujar a los países hacia prácticas – aunque de ninguna manera un compromiso político – de recortar gastos sociales y programas de asistencia para reestablecer la probidad fiscal. En Gran Bretaña, por supuesto, Margaret Thatcher empuñó más tarde con tanta más furia el garrote neoliberal en 1979 y lo blandió con gran efecto, a pesar de que nunca logró superar por completo la oposición dentro de su propio partido y nunca pudo cuestionar efectivamente temas centrales del Estado de bienestar como el Servicio Nacional de Salud. Es interesante que recién en 2004 el gobierno laborista haya atrevido a introducir una estructura de pagos en la educación superior. El proceso de neoliberalización fue entrecortado, irregular desde el punto de vista geográfico, y fuertemente influenciado por estructuras de clase y otras fuerzas sociales que se mueven a favor o contra sus propuestas centrales dentro de formaciones estatales particulares e incluso dentro de sectores en particular, por ejemplo, la salud o la educación.
Es informativo considerar más de cerca cómo el proceso se desarrolló en EE.UU., ya que este caso fue cardinal como influencia en otras y más recientes transformaciones. Varias líneas del poder se entrecruzaron para crear una transición que culminó a mediados de los años noventa con la toma del poder por el Partido Republicano. Ese logro representó de hecho un “Contrato con EE.UU.” neoliberal como programa para acción en el interior. Antes de ese desenlace dramático, sin embargo, se dieron muchos pasos, que se basaban y reforzaban mutuamente. Para comenzar, en 1970 o algo así, hubo un creciente sentimiento entre las clases altas de EE.UU. de que el clima contrario a los negocios y antiimperialista que había emergido hacia fines de los años sesenta había ido demasiado lejos. En un célebre memorando, Lewis Powell (a punto de ser elevado a la Corte Suprema por Richard Nixon) instó en 1971 a la Cámara de Comercio de EE.UU. a montar una campaña colectiva para demostrar que lo que era bueno para los negocios era bueno para EE.UU. Poco después, fue formada una tenebrosa pero influyente Mesa Redonda Empresarial que todavía existe y que juega un importante papel estratégico en la política del Partido Republicano. Comités corporativos de acción política, legalizados bajo las leyes de financiamiento de las campañas electorales post Watergate de 1974, proliferaron como un reguero de pólvora. Con actividades protegidas bajo la Primera Enmienda como una forma de libertad de expresión por una decisión de la Corte Suprema de 1976, comenzó la captura sistemática del Partido Republicano como instrumento de clase del poder corporativo y financiero colectivo (más que particular o individual). Pero el Partido Republicano necesitaba una base popular, y lograrlo fue más problemático. La incorporación de líderes de la derecha cristiana, presentada como mayoría moral, junto con la Mesa Redonda Empresarial, suministraron la solución a ese problema. Un gran segmento de la clase trabajadora resentida, insegura, y en su mayor parte blanca, fue persuadido para que votara regularmente contra sus propios intereses materiales por motivos culturales (antiliberales, antinegros, antifeministas y antigays), nacionalistas y religiosos. A mediados de los años noventa, el Partido Republicano había perdido casi todos sus elementos liberales y se había convertido en una máquina derechista homogénea que conecta los recursos financieros del gran capital corporativo con una base populista, la Mayoría Moral, que era particularmente fuerte en el sur de EE.UU.
El segundo elemento en la transición de EE.UU. tuvo que ver con la disciplina fiscal. La recesión de 1973 a 1975 disminuyó los ingresos tributarios a todos los niveles en una época de creciente demanda de gastos sociales. Aparecieron déficits por doquier como un problema crucial. Había que hacer algo respecto a la crisis fiscal del Estado; la restauración de la disciplina monetaria era esencial. Esa convicción otorgó poder a las instituciones financieras que controlaban las líneas de crédito del gobierno. En 1975, se negaron a refinanciar la deuda de Nueva York y llevaron a esa ciudad al borde de la bancarrota. Una poderosa cabala de banqueros de unió al Estado para reforzar el control sobre la ciudad. Eso significó refrenar las aspiraciones de los sindicatos municipales, despidos en el empleo público, congelación de salarios, recortes en las provisiones sociales (educación, salud pública y servicios de transporte), y la imposición de pagos por los usuarios (los gastos de matrícula fueron introducida por primera vez en el sistema de la Universidad de la Ciudad de Nueva York (CUNY). El rescate trajo consigo la construcción de nuevas instituciones que tenían prioridad en los ingresos de impuestos de la ciudad a fin de pagar a los poseedores de bonos, lo que quedaba iba al presupuesto de la ciudad para servicios esenciales. La indignidad final fue un requerimiento de que los sindicatos municipales invirtieran sus fondos de pensión en bonos de la ciudad. Esto aseguró que los sindicatos moderaran sus reivindicaciones para evitar el peligro de perder sus fondos de pensión debido a la bancarrota de la ciudad.
Acciones semejantes representaban un golpe de estado de las instituciones financieras contra el gobierno democráticamente elegido de la ciudad de Nueva York, y fueron tan efectivas como la toma del poder militar que había ocurrido anteriormente en Chile. Gran parte de la infraestructura social de la ciudad fue destruida, y los fundamentos físicos (por ejemplo, el sistema de tránsito) se deterioraron considerablemente por falta de inversión o incluso mantenimiento. La administración de la crisis fiscal de Nueva York allanó el camino para prácticas neoliberales tanto en el interior bajo Ronald Reagan como internacionalmente a través del Fondo Monetario Internacional durante todos los años ochenta. Estableció el principio de que, en el evento de un conflicto entre la integridad de las instituciones financieras y los poseedores de bonos por una parte y el bienestar de los ciudadanos por la otra, los primeros tuvieran la preferencia. Dejó en claro el punto de vista de que el papel del gobierno es crear un buen clima para los negocios en lugar de velar por las necesidades y el bienestar de la población en general. En medio de una crisis fiscal generalizada hubo redistribuciones fiscales en beneficio de las clases altas.
Queda por ver si todos los agentes involucrados en la producción de este compromiso en Nueva York lo vieron en la época como una táctica para la restauración del poder de las clases altas. La necesidad de mantener la disciplina fiscal es un asunto de profunda preocupación en sí mismo y no tiene que conducir a la restitución de la dominación de clase. Es poco probable, por lo tanto, que Felix Rohatyn, el banquero mercantil de importancia crucial en el acuerdo entre la ciudad, el Estado, y las instituciones financieras, haya pensado en la reimposición del poder de clase. Pero ese objetivo fue probablemente importante en los pensamientos de los banqueros de inversiones. Fue casi con seguridad el objetivo del Secretario del Tesoro de aquel entonces, William Simon, quien habiendo observado con aprobación el progreso de los eventos en Chile, se negó a ayudar a Nueva York y declaró abiertamente que quería que la ciudad sufriera tanto que ninguna otra ciudad en la nación se volviera a atrever a aceptar otra vez obligaciones sociales similares.
El tercer elemento en la transición de EE.UU. conllevaba un ataque ideológico contra los medios de información y las instituciones educacionales. Proliferaron los “think tanks” independientes financiados por acaudalados individuos y donantes corporativos – ante todo la Heritage Foundation – para preparar una acometida ideológica orientada a persuadir al público del sentido común de las propuestas neoliberales. Una inundación de documentos y propuestas políticas y un verdadero ejército de lugartenientes bien pagados, entrenados para promover ideas neoliberales, en combinación con la adquisición corporativa de canales mediáticos transformaron efectivamente el clima discursivo en EE.UU. a mediados de los años ochenta. Proclamaron estruendosamente el proyecto de “sacar al gobierno de por sobre las espaldas de la gente” y de reducir el gobierno hasta que pudiera ser “ahogado en una bañera”. A este respecto, los promotores del nuevo evangelio encontraron una audiencia dispuesta en el ala del movimiento de 1968 cuyo objetivo era lograr más libertad individual del poder estatal y de las manipulaciones del capital monopolista. El argumento libertario a favor del neoliberalismo resultó ser una poderosa fuerza a favor del cambio. Hasta el punto que el capital se reorganizó para abrir un espacio para el empresariado individual y desvió sus esfuerzos para satisfacer innumerables mercados nicho, particularmente los definidos por la liberación sexual, que fueron generados por un consumismo cada vez más individualizado, para que los hechos correspondieran a la teoría.
Este cebo del empresariado y del consumismo individualizados fue respaldado por el garrote blandido por el Estado y las instituciones financieras contra la otra ala del movimiento de 1968 cuyos miembros habían buscado justicia social mediante la negociación colectiva y las solidaridades sociales. La destrucción por Reagan de los controladores aéreos (PATCO) en 1980 y la derrota por Margaret Thatcher de los mineros británicos en 1984 fueron momentos cruciales en el giro global hacia el neoliberalismo. El ataque contra instituciones, como sindicatos y organizaciones de derechos asistenciales, que trataban de proteger y favorecer los intereses de la clase trabajadora fue amplio y profundo. Los salvajes recortes en los gastos sociales y del Estado de bienestar, y el paso de toda responsabilidad por su bienestar a los individuos y sus familias avanzaron a paso acelerado. Pero esas prácticas no se detuvieron en las fronteras nacionales, y no podían hacerlo. Después de 1980, EE.UU., ya comprometido firmemente con la liberalización y claramente respaldado por Gran Bretaña, trató, mediante una mezcla de liderazgo, persuasión – los departamentos de economía de las universidades de investigación de EE.UU. jugaron un papel importante en la capacitación de muchos de los economistas de todo el mundo en los principios neoliberales – y la coerción para exportar la neoliberalización por todas partes. La purga de economistas keynesianos y su reemplazo por monetaristas neoliberales en el Fondo Monetario Internacional en 1982 transformó el FMI dominado por EE.UU. en un agente de primera clase de la neoliberalización mediante sus programas de ajuste estructural impuestos a cualquier Estado (y hubo muchos en los años ochenta y noventa) que requería su ayuda en el repago de la deuda. El Consenso de Washington, que fue forjado en los años noventa, y las reglas de negociación fijadas bajo la Organización Mundial de Comercio en 1998, confirmaron el giro global hacia las prácticas neoliberales.
El nuevo concordato internacional también dependía de la reanimación y de la reconfiguración de la tradición imperial de EE.UU. Esa tradición había sido forjada en Centroamérica en los años veinte, como una forma de dominación sin colonias. Repúblicas independientes podían ser mantenidas bajo la dominación de EE.UU., y actuar efectivamente, en el mejor de los casos, como testaferros de los intereses de EE.UU. a través del apoyo de hombres fuertes – como Somoza en Nicaragua, el Shah en Irán, y Pinochet en Chile – y un séquito de seguidores respaldados por la ayuda militar y financiera. Se disponía de ayuda clandestina para promover el ascenso al poder de dirigentes semejantes, pero al llegar los años setenta se hizo evidente que se necesitaba algo más: la apertura de mercados, nuevos espacios para inversiones, y que se abrieran campos en los que los poderes financieros pudieran operar con seguridad. Esto implicaba una integración mucho más estrecha de la economía global, con una arquitectura financiera bien definida. La creación de nuevas prácticas institucionales, tales como las que fueron fijadas por el FMI y la OMC, suministró vehículos convenientes a través de los cuales se podía ejercer el poder financiero y de mercado. El modelo necesitaba la colaboración entre las principales potencias capitalistas y el Grupo de Siete (G7), llevando a Europa y Japón a alinearse con EE.UU. para conformar el sistema financiero y comercial global de maneras que obligara efectivamente a todas las naciones a someterse. “Naciones proscritas,” definidas como las que no se ajustaban a esas reglas globales, podían entonces ser encaradas mediante sanciones o la fuerza coercitiva o incluso militar si resultaba necesario. De esta manera, las estrategias imperialistas neoliberales de EE.UU. fueron articuladas a través de una red global de relaciones de poder, uno de los efectos de la cual fue permitir que las clases altas de EE.UU. hicieran pagar tributos financieros y dispusieran de rentas del resto del mundo como un medio para aumentar su control ya hegemónico.